Con el discurso de la libertad como bandera, el Gobierno Nacional redujo los controles y aceleró los trámites para acceder a un arma. Mientras crecen los pedidos de licencias y portaciones, especialistas advierten por la falta de transparencia en los datos y el riesgo de que el miedo se convierta en política de seguridad.
Por Juan Salas
En la Argentina de Javier Milei, las armas dejaron de ser un “tabú” y desde que el Gobierno redujo los controles y digitalizó los trámites, crece el número de personas que se acercan a sacar la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), el paso obligatorio para comprar un arma de fuego. Hoy hay casi un millón de usuarios registrados, y en armerías y clubes de tiro la gente se acerca por el mismo motivo: la inseguridad.
Bajo el argumento de “devolver libertades individuales”, el Ejecutivo desmanteló los mecanismos de control y transformó el antiguo sistema en un circuito mucho más ágil. El trámite puede resolverse en días, incluso en horas, y la demanda —como las armas— se disparó.
La escena se repite también en Mar del Plata: comerciantes, vecinos y profesionales que nunca habían tenido un arma ahora tramitan su credencial “por las dudas”, porque ya sufrieron robos, porque sienten que “nadie los defiende”.
El fenómeno abre un interrogante que atraviesa la discusión pública: ¿una sociedad más armada es una sociedad más segura, o solo una más expuesta a la violencia?
El cambio más visible fue la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) —creada en 2015 como organismo autárquico para prevenir la violencia armada— y su reemplazo por el viejo Registro Nacional de Armas (RENAR), ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entidad que integra la Red Argentina para el Desarme, cuestionaron duramente la decisión: “Paradójicamente, el propio Gobierno celebró que Argentina haya sido en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica. Pero desmanteló uno de los pilares que hizo posible ese logro: una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego. Este decreto se suma a una serie de medidas regresivas ya implementadas: reducción de la edad mínima para acceder a armas, flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, ‘tenencia exprés’ y suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras”.
En sentido contrario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había defendido la decisión oficial en su cuenta de X: “Dijimos varias veces que los organismos descentralizados son caros porque requieren una estructura administrativa propia y porque generan incentivos a la proliferación de trámites pagos; por ello, la transformación de la ANMaC en un desconcentrado sigue, como ya hemos hecho en muchos otros organismos, bajando el costo del Estado, en este caso sin afectar sus funciones sustantivas”.
El trámite para tener un arma hoy puede completarse en pocos días, con controles psicofísicos delegados a prestadores privados y menos auditorías presenciales.
“Menos burocracia y más control: simplificamos los trámites para quienes cumplen la ley”, declaró al respecto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Estoy a favor de la portación legal de armas en la Argentina. Están todos molestos con que los honestos tengan armas, ¿y los deshonestos?”, había expresado el presidente Javier Milei en 2022 cuando era diputado.
Según los datos presentados por Guillermo Francos en el Congreso, la emisión de credenciales de Legítimo Usuario crece año a año con un pico en 2022: en 2020 se otorgaron 24 605; en 2021 68243, en 2022, 85 552; en 2023, 79 173; en 2024 65 551 y en el primer semestre de 2025 ya se emitieron 29 382. Se espera que en este segundo semestre, con la agilización del trámite ya implementada, la cifra de legítimos usuarios se incremente considerablemente.
A pesar de los numerosos pedidos de acceso a la información pública presentados por LA CAPITAL, desde el Renar o el Ministerio de Seguridad no brindaron ninguna respuesta. A marzo de 2025, según una publicación del medio Chequeado, había 919 347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU), pero solo 314 060 (34,2 %) vigentes. El resto, más del 65 %, están vencidas: una brecha entre el acceso formal y el control efectivo.
Según la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), la enorme mayoría de quienes tramitan permisos para tener o portar un arma en la Argentina son varones.
De las más de 400 mil solicitudes de Credencial de Legítimo Usuario (CLU) registradas en los últimos años, ocho de cada diez corresponden a hombres, mientras que las mujeres representan apenas 3 % del total. El resto —alrededor del 16 %— pertenece a registros sin dato de género, en su mayoría vinculados a personas jurídicas, clubes de tiro o legajos antiguos sin actualización.
La misma tendencia se repite en las portaciones de armas, donde la brecha de género es aún mayor: el 79 % de los permisos fue otorgado a hombres y solo 1,6 % a mujeres. La diferencia expone un fenómeno marcadamente masculino, concentrado además en franjas etarias medias: entre los 31 y los 60 años.
Las cifras de la ANMaC muestran un crecimiento sostenido en la cantidad de solicitudes de CLU y portaciones durante la última década.
En 2016 se registraron apenas 10 716 solicitudes de CLU y 6 302 de portación, pero desde entonces la tendencia se disparó. En 2017, durante el Plan de Regularización de Armas, las credenciales saltaron a 63 740, y las portaciones a 34 215. Tras un leve descenso en 2018 (40 014 CLU) y 2019 (49 981), los números volvieron a crecer con fuerza desde 2021 (68 243), 2022 (85 552), 2023 (79 173), 2024 (65 551) y, en el primer semestre de 2025 fueron 29 382 CLU aprobadas.
Las cifras oficiales dan cuenta que el 44 % del total de trámites de CLU piden también portar el arma. Es una proporción altísima si se considera que, según la ley, la portación debe ser excepcional y requiere justificar riesgo personal comprobable.
La tenencia autoriza a tener el arma en el domicilio o en el lugar declarado, guardada bajo condiciones de seguridad. La portación, en cambio, habilita a llevar el arma cargada y en condiciones de uso inmediato en la vía pública.
Por normativa, ese permiso solo se concede a quienes acrediten una situación de riesgo cierto y permanente que no pueda mitigarse por otros medios, y se renueva cada año.
En la práctica, la portación es un beneficio restringido y excepcional, no un derecho general derivado de la CLU.
El hecho de que una de cada dos personas con CLU pida también portar el arma muestra un cambio cultural profundo: una sociedad que ya no busca el arma solo como “precaución en casa”, sino como un instrumento de autodefensa en la calle.
Aunque la desregulación agilizó los tiempos y digitalizó todo el procedimiento, los requisitos para acceder a un arma de fuego en Argentina se mantienen sin cambios de fondo. Quienes deseen comprar un arma deben primero obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), que habilita a adquirir, tener y registrar armamento. La credencial tiene una vigencia de cinco años y, una vez otorgada, no impone límites de cantidad, tipo ni calibre de las armas que puede poseer el titular.
Para conseguir la CLU se deben cumplir cinco condiciones básicas: ser mayor de 18 años, acreditar un medio de vida lícito, no tener antecedentes penales, aprobar un examen psicofísico o psicotécnico y superar una prueba de idoneidad en el manejo seguro de armas de fuego.
Con los nuevos cambios, y abonando 30.000 para el trámite express, con la CLU en la mano se puede adquirir un arma y retirarla en menos de 72 horas.
El curso para tener la CLU se dicta en Tiro Federal.
El director del Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, Gabriel Centeno, confirmó que la digitalización facilitó el proceso, pero aclaró que las evaluaciones no se flexibilizaron.
“La prueba de idoneidad que debe hacerse se mantiene estable”, explicó. “Consiste en efectuar cinco disparos sobre un blanco entre siete y diez metros. No se evalúa la puntería, sino el manejo del arma y las medidas de seguridad”.
El instructor revisa cada paso del postulante: manipulación, posición, descarga y conducta general. “Mientras la persona no demuestre un manejo imprudente o temerario, y tenga control y conocimiento consciente de lo que hace, se da por aprobado el examen”, detalló Centeno.
Centeno señaló que si la renovación de la CLU se realiza dentro de los 90 días previos al vencimiento, ya no es necesario repetir la prueba de idoneidad, una novedad de la nueva reglamentación.
Centeno aclaró que el Tiro Federal tiene fines estrictamente deportivos, pero no ignora la realidad social: “Sabemos que mucha gente se acerca por inseguridad. No somos necios, no podemos negarlo. Mientras se capaciten y sean usuarios seguros, está en cada uno decidir si quiere un arma para practicar o para sentirse más seguro en su casa”.
En síntesis, para Centeno la reforma modernizó el sistema, pero no relajó las condiciones esenciales: “Los requisitos a cumplir son los mismos que cuando se hacía el trámite presencial. Lo que cambió es la velocidad, no la exigencia”.
Universal Arms cuenta con polígono de tiro para poder tramitar la CLU.
El auge de nuevos usuarios de armas tiene rostros concretos. En los barrios, en los comercios y hasta en los cursos del Tiro Federal, se repite la misma motivación: el miedo. Detrás de cada trámite de credencial o compra de pistola hay una historia de inseguridad, de desconfianza o de defensa personal.
Adrián, 43 años, vive en el barrio Alfar. “Siempre me gustaron las armas, pero es una cuestión de inseguridad. Desde que tuve que sacar a un hombre que intentó tomar mi casa decidí armarme”, cuenta. “La mayoría de las personas con las que hice el curso en el Tiro Federal lo hacían por una cuestión de inseguridad”.
Adrián explica que el proceso para convertirse en legítimo usuario es más sencillo de lo que parece: “El psicotécnico son cinco preguntas muy tontas, casi que te guían para acomodar tu respuesta y así no te rebotan. Hay una cierta hipocresía: todos sabemos que uno la compra por inseguridad”.
Matías, 42 años, está construyendo su casa en la periferia, en su caso, no se define como amante de las armas ni deportista. Dice que se armó por necesidad, no por gusto: “Hay mucho robo de materiales e intentos de usurpación. Saqué el CLU y compré un arma para defender lo mío”.
Iván, comerciante del centro, decidió hacer el curso en el Tiro Federal para tener un arma para defenderse ante los recurrentes delitos. “Cuando fui a rendir había más de cien personas esperando. Eso te hace pensar: ¿por qué hay tanta gente queriendo tener un arma? Porque la gente tiene miedo”, relata.
“La gente está cansada de trabajar y que venga alguien y te arrebate en tres segundos lo que costó meses o años de esfuerzo. Rogando siempre que no te lastimen. Vivimos todo el tiempo preocupados por la inseguridad”.
En la armería Universal Arms, en Alvarado 1599, confirman que el movimiento creció de manera sostenida.
“Desde que se instaló el trámite exprés, que te permite llevarte el arma en 72 horas, se incrementó la venta”, explican desde el local. “Debés cumplir con los mismos requisitos que antes, pero todo es más fácil por el trámite digital”.
El perfil del comprador también cambió: “La mayoría se acerca por seguridad. La gente siente que nadie la va a defender y por eso compra un arma. Antes era solo el varón; ahora muchas mujeres vienen a preguntar. Antes buscaban gas pimienta, ahora preguntan por una 9 milímetros”.
Según los armeros, nueve de cada diez ventas son por motivos de inseguridad y solo un pequeño porcentaje para tiro deportivo. “Este gobierno le dio más libertad a la gente —dicen—, pero siempre cumpliendo los requisitos necesarios”.
El calibre más vendido es el 9 milímetros o el .380. “Una pistola 9 milímetros arranca en 780.000 pesos, y una .380 en 560.000”, detallan.
En Universal Arms reconocen que el consumo creció “por seguridad” y que la demanda ya no distingue género ni clase social.
En Mar del Plata, los números de la violencia replican lo que muestran las estadísticas nacionales: cada vez hay más delitos cometidos con armas de fuego y más víctimas heridas.
Durante 2024, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) atendió 257 heridos por arma de fuego, el 4,4 % de todos los ingresos por lesiones. De ese total, 149 pacientes debieron quedar internados con una estadía promedio de casi cuatro días, y siete murieron.
Según fuentes del hospital, los ingresos por balas aumentaron 16 % respecto de 2023, un indicador que revela el crecimiento de la violencia armada en la ciudad.
La misma tendencia se refleja en la calle. Los informes del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) muestran que el uso de armas de fuego en robos creció un 79 % en un año. En el primer semestre de 2024, un 11,5 % de los robos fueron cometidos con armas; en 2025 la proporción llegó al 15,7 %.
La violencia no solo aumentó, sino que se hizo más visible: cada vez más asaltos se cometen armados.
El cambio de paradigma que impulsó el Gobierno abrió una grieta profunda entre quienes defienden la desregulación del mercado de armas y los que advierten que esa flexibilización puede multiplicar la violencia. Entre ambos discursos, el país debate no solo una cuestión de seguridad, sino una concepción opuesta del rol del Estado.
Para Micaela Giubilato, coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el problema no es solamente el aumento de armas legales, sino la pérdida de control sobre todo el circuito.
“Es una falacia pensar que más armas en manos de civiles generan más seguridad. La evidencia demuestra lo contrario: cuando se incrementa la disponibilidad, también aumentan las muertes por armas de fuego”, explicó.
Giubilato señaló que las armas que hoy circulan en el mercado ilegal no surgen de la nada: “Las armas del delito casi siempre tuvieron un origen legal. En muchos casos fueron robadas, prestadas o revendidas sin control. Por eso, cuando el Estado reduce su capacidad de fiscalización, el efecto es inmediato: más armas terminan fuera del circuito lícito”.
Según la especialista, el riesgo más visible no está en el crimen organizado sino en la vida cotidiana: “La presencia de un arma en un hogar aumenta la probabilidad de un desenlace fatal ante cualquier conflicto: una discusión, una separación o una crisis emocional. También incrementa el riesgo de suicidios y femicidios. Una de cada cuatro mujeres asesinadas en la Argentina muere por un arma de fuego, y en muchos casos esa arma pertenecía a su pareja o expareja”.
Giubilato remarcó que hasta hace pocos años Argentina era una excepción en la región, con tasas de homicidio bajas y una política estatal de control sostenido. “El país había logrado reducir los homicidios a niveles históricos en Sudamérica gracias a una regulación estricta y a programas de entrega voluntaria. Desmantelar esos instrumentos es poner en riesgo ese logro”.
Para ella, el reemplazo de la ANMaC por el RENAR implica un cambio estructural: “No se trata solo de un cambio de nombre. Se eliminó un organismo autárquico con funciones de prevención y control y se creó un registro subordinado al poder político, sin capacidad de fiscalización independiente. Pasamos de una política pública a una oficina de trámites”.
También cuestionó la forma en que se adoptaron las medidas: “Todas estas decisiones se tomaron por decreto, sin debate parlamentario ni consulta con las organizaciones especializadas. En un tema tan sensible, el Ejecutivo avanzó sin diálogo ni evaluación de impacto”.
Del otro lado del debate, Germán Gorchs, presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la Provincia de Buenos Aires (ALUAPROBA), celebra el rumbo actual y asegura que la política anterior fue discriminatoria hacia los usuarios.
“No hay desregulación, hay cumplimiento de la ley. Lo que cambió es que el Estado volvió a aplicar la norma como corresponde, sin ideología”, sostuvo y destacó que el legítimo usuario no representa un riesgo sino una garantía de control:
“Quien tiene una CLU pasa por evaluaciones médicas, psicológicas y de idoneidad más exigentes que cualquier otro ciudadano. El usuario responsable no quiere evadir controles; los pide, porque sabe que su reputación depende de eso”.
También rechazó los programas de desarme civil: “El plan de entrega voluntaria fue un fracaso. En otros países donde se implementó, la delincuencia no bajó. Al contrario, se desarmó al ciudadano honesto y se dejó las armas en manos de los delincuente”.
Gorchs asegura que el crecimiento de licencias y clubes de tiro no refleja una sociedad más violenta, sino más entrenada y consciente: “Hoy hay más gente que se capacita, que aprende a usar un arma con responsabilidad. No se trata de fomentar la violencia, sino de reconocer el derecho a defenderse”.
Mientras Gorchs insiste en la idea de que la regulación anterior “criminalizaba al usuario legal”, Giubilato advierte que la nueva política “confunde libertad con desprotección”. Entre ambas postura, el país debe discutir entre un modelo de seguridad que oscila entre la autodefensa individual y la prevención colectiva.
El auge de la tenencia de armas no solo refleja un cambio legal: revela un cambio cultural. El miedo, la sensación de abandono y el discurso oficial confluyen en una sociedad donde la defensa personal se volvió política pública. Las cifras crecen, la fiscalización se retrae y el Estado parece delegar en el individuo la responsabilidad de su seguridad.
Desde el INECIP advierten que el nuevo esquema implica una retirada del Estado de su rol de control y prevención: las políticas de seguridad y de reducción de la violencia armada fueron reemplazadas por simples gestiones administrativas.
En un país donde seis de cada diez homicidios se cometen con armas de fuego y donde los datos oficiales son cada vez más escasos, el mensaje parece volverse evidente: más armas y menos políticas públicas de prevención, control y concientización.